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Entre los 78
presos de opinión producidos en 2005 como
consecuencia de manifestarse contra la
administración marroquí del Sáhara Occidental,
sólo ocho fueron liberados en marzo y abril,
continúa el informe.
Otras 70 personas más detenidas en 2005 y 2006
durante las manifestaciones o como consecuencia
de éstas, y que fueron acuadas de actos
violencios, fueron igualmente puestas en
libertad.
En febrero, el Ministerio de Justicia marroquí
declaró que los defensores de los Derechos
Humanos "no habían sido encarcelados a causa de
sus opiniones, sino por su implicación en actos
sujetos a persecución penal".
Amnistía Internacional considera sin embargo
que, sin duda, son "presos de opinión
perseguidos por haber denunciado las violencias
cometidas por las fuerzas de seguridad
marroquíes, y por haber defendido públicamente
la autodeterminación para el Sáhara Occidental".
En ese contexto, el informe de Amnistía
Internacional señala que los saharauis han
seguido manifestándose contra la administración
marroquí del territorio en 2006, precisando que
varios centenares de personas han sido
interrogadas y la mayor parte de ellas soltadas
tras haber sufrido interrogatorios de la policía.
Como consecuencia de las detenciones, veinte
personas fueron declaradas culpables de
incitación y participación en las violencias, y
condenadas a penas de hasta seis años de cárcel.
Al menos 10 manifestantes se han quejado de
haber sido "torturados o maltratados durante su
interrogatorio por la policía", añade el informe
que recuerda que los saharauis defensores de los
Derechos Humanos siguen sufriendo intimidaciones
por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Brahim Sabbar, Secretario General de la
Asociación saharaui de Víctimas de Violaciones
Graves de los Derechos Humanos cometidas por el
Estado de Marruecos, fue condenado en junio en
un juicio inicuo a una pena de dos años de
cárcel por rebelión y violencias contra un
policía.
En mayo, su asociación había hecho público un
informe dando cuenta de varias decenas de casos
recientes de detenciones arbitrarias, tortura y
malos tratos.
Por otra parte, Brahim Sabbar y su colega Ahmed
Sbai fueron juzgados por pertenencia a una
organización prohibida e incitación a
manifestaciones violentas, entre otras
acusaciones. Los dos son presos de opinión
probables, según el informe de Amnistía
Internacional.
Una misión del Alto Comisariado para los
Derechos Humanos de la ONU se dirigió al Sáhara
Occidental en mayo de 2006. Su informe
confidencial, que ha sido divulgado, concluía
que "la situación de los Derechos Humanos era
profundamente preocupante".
"Los saharauis están privados de su derecho a la
autodeterminación y sobre los demás derechos
fundamentales pesan restricciones severas,
especialmente el derecho a la libertad de
expresión, de asociación y de reunión", concluye
el informe.
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