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El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos
Humanos (CODESA) solicitó el pasado 24 de
noviembre la designación de un enviado especial de
Naciones Unidas para que se haga cargo de la
vigilancia de estos derechos en el Sáhara
Occidental ocupado por Marruecos. A través de una
nota de prensa difundida en El Aaiún ocupado, la
ONG demandó con el mismo fin la ampliación de los
cometidos de la MINURSO, habida cuenta de la
“prohibición sistemática y de la represión salvaje
de las concentraciones y manifestaciones pacíficas
que reclaman el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación” ejercida por el reino alauita
en el Sáhara y el sur de Marruecos.
CODESA responde de esta manera al último informe
sobre el Sáhara Occidental del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos, en el que queda
probada la responsabilidad de Marruecos en la
violación de estos derechos y concluye con la
recomendación de activar "medidas urgentes para
garantizar la aplicación completa de los
compromisos internacionales relativos a los
derechos humanos”.
A pesar de este informe, sostiene la asociación
saharaui, el Estado marroquí continua su campaña
de represión contra los activistas saharauis, en
forma de saqueo y destrucción de viviendas por
parte de la policía, “la agresión contra mujeres y
personas ancianas”, el “asedio policial de calles,
avenidas, barrios y centros escolares” y la
detención de decenas de personas, muchas de las
cuales han sufrido diversas torturas en
dependencias oficiales. Según CODESA, es común que
los detenidos sean “desnudados, golpeados en
diferentes partes del cuerpo, amenazados de muerte
o violación y abandonados al caer la noche en la
periferia de las ciudades”.
Además, denuncia la prohibición que sufren los
activistas y ex presos políticos de circular
libremente, que a menudo ven bloqueado su acceso
al territorio desde el exterior o confiscado su
pasaporte para impedir su salida. Todo esto sucede
al mismo tiempo que Marruecos “impulsa a los niños
y jóvenes a la inmigración clandestina y a
enrolarse en las pateras de la muerte para
quitárselos de encima”.
Por todo ello, además de la ampliación de las
prerrogativas de la MINURSO, la ONG saharaui
solicita la “apertura del territorio a visitas de
delegaciones de derechos humanos, parlamentarios,
periodistas y sindicalistas, y el fin del embargo
de seguridad, militar y mediático impuesto sobre
el territorio”. También exige clarificar la suerte
de “los desaparecidos saharauis y liberar a todos
los presos políticos y activistas de derechos
humanos”, así como la apertura de una
investigación urgente sobre las denuncias de
tortura de ciudadanos saharauis contra
funcionarios marroquíes. En este sentido, por
último, solicita la prohibición de la tortura y
que sean juzgados los “torturadores responsables
de violaciones graves de derechos humanos
cometidas por el Estado marroquí en el Sáhara
Occidental, el sur de Marruecos y las
universidades”.
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