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Pocas cosas han cambiado en el Sáhara Occidental
ocupado por Marruecos tras la reciente publicación
del informe de la delegación del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos que visitó esta
zona y los campamentos de refugiados saharauis el
pasado mes de mayo, a pesar de que responsabiliza
a las autoridades de Rabat de graves violaciones
de estos derechos. Las manifestaciones organizadas
en conmemoración del XXXI Aniversario de la Unidad
Saharaui, el pasado 12 de octubre, fueron, un año
más, disueltas a golpes por la policía alauita,
dejando un rastro de decenas de saharauis
detenidos, heridos y casas allanadas.
Así, el 12 de octubre al menos 8 manifestantes
fueron detenidos y 17 resultaron heridos por las
cargas policiales en la localidad de Smara,
mientras que en El Aaiún las fuerzas del orden
detuvieron a 4 jóvenes independentistas, informa
el Servicio de Prensa Saharaui.
Tras la represión ocurrida en Smara, el 15 de
octubre se organizaron pequeñas concentraciones de
protesta en los barrios de Signa, Maarat, Tan Tan
y Salam de esta ciudad, en la que los
manifestantes enarbolaron banderas de la RASD y
profirieron eslóganes contra la ocupación. La
intervención de la policía, que según fuentes
saharauis en el terreno se enmarca dentro de una
“fuerte campaña intimidatoria” se saldó con al
menos 4 detenidos. “Patrullas de agentes de la
policía secreta y la policía urbana antidisturbios
marroquí amenazan a los transeúntes, a los dueños
de los bazares y tiendas de combustible”,
indicaron activistas saharauis de la zona.
Las mismas fuentes indican que ese mismo día por
la mañana varios policías detuvieron en El Aaiún
al joven saharaui Ahmedi Mohamed Ali Hmada, al que
condujeron a dependencias policiales para ser
interrogado, lugar donde se encontró con un otros
grupo de saharauis que acababa de ser detenido.
Por la tarde, un destacamento de los Grupos
Urbanos de Seguridad (GUS) “expulsó a patadas y
palos a un grupo de manifestantes saharauis que se
encontraban frente al Tribunal Penal” de la ciudad
que habían acudido a mostrar su solidaridad con
los presos políticos Uali Amidan y Cheij Banga.
Ambos, que ya habían sido encarcelados en otras
ocasiones, declararon ante el juez de instrucción
“con las manos y los pies atados a gruesas
cadenas, después de haber sido torturados e
interrogados durante 72 horas en el cuartel de la
Gendarmería marroquí”.
Al día siguiente, pero esta vez en la localidad
marroquí de Gulimín, se celebró un juicio contra
la activista saharaui Jadiya Mutik por haber
insultado supuestamente a agentes de la policía y
participado en actos violentos. Mutik negó los
hechos que se le imputaban aunque sí reconoció su
participación en manifestaciones independentistas.
La audiencia fue suspendida después de que la
acusada sacara una bandera de la RASD y comenzase
a proferir gritos contra la ocupación marroquí del
Sáhara y vivas al Frente Polisario.
En otra ciudad del Sur de Marruecos, Tantán, los
sanguinarios GUS, cuya disolución acaba de
anunciar Mohamed VI, detuvieron el 15 de octubre a
tres ciudadanos saharauis para ser puestos en
libertad horas más tarde, tras un interrogatorio
en el que recibieron un “trato vejatorio”.
Finalmente, el movimiento estudiantil de la
localidad saharaui de Dajla realizó varias
pintadas contra la ocupación y destrozó sendas
banderas marroquíes.
Denuncia de CODESA
Hechos como los narrados han llevado al Colectivo
de Defensores Saharauis de Derechos Humanos
(CODESA) a lanzar un llamamiento a la comunidad
internacional para que “tome todas las medidas
posibles para poner fin a los sufrimientos del
pueblo saharaui”. En una nota de prensa que
hicieron pública ayer, CODESA solicita a la ONU
que “asuma todas sus responsabilidades morales a
través de la ampliación de las competencias de la
MINURSO en el aspecto de los derechos humanos” y
reclama el nombramiento de un enviado especial
encargado de velar por el respeto de estos
derechos.
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